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viernes, 2 de diciembre de 2011

Pronunciamiento en Solidaridad con los 23,000 firmantes de la solicitud ante la Corte Penal Internacional


PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL ANUNCIO DE POSIBLES ACCIONES LEGALES POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL EN CONTRA DE LOS 23,000 CIUDADANOS QUE HAN INFORMADO A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA SITUACION DE VIOLENCIA Y VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO


Los abajo firmantes, seguidores del acontecer nacional y juristas provenientes de diversos ámbitos académicos, políticos y profesionales, compartimos la preocupación de que el gobierno federal entable acciones legales en contra de los 23 mil ciudadanos mexicanos que, en pleno ejercicio de su derecho de acudir a instancias legales internacionales, han ofrecido información al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que, de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma, se investigue la posible comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tanto por funcionarios públicos como por narcotraficantes en México. Estamos convencidos que esta acción del gobierno violentaría, entre otros, los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos así como los artículos 6 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Independientemente de que la información en cuestión desemboque o no en una investigación del Fiscal de la CPI, sea considerada jurídicamente viable por los jueces de la CPI, o pueda ser o no refutada por el mismo gobierno federal con base en los argumentos jurídicos del caso en cuestión, hoy resulta sumamente preocupante que se pretenda intimidar a los ciudadanos denunciantes al emprender acciones legales en su contra. 

Invitamos respetuosamente al gobierno federal, y en particular al presidente Felipe Calderón, a que reconsidere esta acción que podría afectar gravemente el Estado de Derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país. 

Diego Valadés, Genaro Góngora Pimentel, Obispo Raúl Vera, Edgardo Buscaglia, Lydia Cacho, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Jorge Zepeda Patterson, Alberto Aziz Nassif, Clara Jusidman, Agustín Basave, Gloria Ramírez, José Agustín, Andrés Ramírez, Ricardo Rafael, Rocato Bablot, Manuel Becerra Ramírez, Jaime Cárdenas, Ernesto Villanueva, José Roldan Xopa, Santiago Corcuera Cabezut, Fabian Aguinaco Bravo, Jorge Witker, Enrique Cáceres Nieto, Imer Flores, Miguel Eraña, Miguel Rábago, José Luis Caballero, Eduardo Huchim, , Alejandro Madrazo Lajous, Margarita Zapata, Fausto Kubli-García, Fausto Vallado Miguel, Sergio Méndez Silva, René Jiménez Ornelas, Luis Astorga, Luisa Paré, Abraham Nuncio Limón, Isabel Vericat, Eduardo Galeana Herrera, Héctor González Chevez, Francisco Ramos Aguirre, Patricia Quijano Ferrer, Javier Dondé Matute, Alberto Betancourt

Luis González Placencia (Presidente, Comisión de Derechos Humanos deh Distrito Federal), Paulina Vega González (Presidenta, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Darío Ramírez, (Director, Artículo XIX-México), Miguel Pulido (Director, Fundar), Mons. Camilo Daniel Pérez (Vicario General, Cuauhtémoc-Madera, Chih.), Dr. Fernando Valadez (Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y del Pribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, Federación Mexicana de Universitarias, A. C., Grupo de Mujeres de San Cristobal de las Casas, A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

Hugo José Suárez, Patricia de los Ríos Lozano, Alma Rangel de la Vega, Ana Lau Jaiven, Beatriz Espejo, Sandra Lorenzano, Alicia Leal, Carmen López Portillo, María Cacho, Teresa Guitián, Carlos Guitián, Carlos Melesio Nolasco, Jennifer Ann Cooper, Rosa Maria Alvarez, David Apolinar Rincón , Raquel Huerta-Nava, Willivaldo Delgadillo, Delia Selene de Dios Vallejo, Eugenia Correa, Martha Mondragón Ochoa, Iliana Godoy, Jesús López Amador, María Esther Munive Piz, Margarita Torres Hernández, Laura Paz Mayén, Ma. de los Ángeles Sánchez Noriega, Lilia Moguel Rojas, Susana Ocampo, Laurencio Barraza Limón, Bruno Ramírez, Cecilia Vázquez Rubio, María Eugenia García Cortés, Boris Berenzon Gorn, Paola Berenzon Flores, Alicia Olivera, Alicia Villaneda

Carlos Francisco Martínez Moreno, Luz Fernanda Azuela, Isabel Stivalet Barros, Guadalupe Lozada León, María Patricia González, Georgina Calderón Aragón, María Elena Cardero, Elvira Báez García, Alma Rangel de la Vega, Lilia Haydee Moguel Rojas, Angeles Magdaleno, Susana Ocampo, Angela Martínez Martínez, David Apolinar Rincón Pérez, Jesús Juárez Flores, Raquel Huerta-Nava, Delia Selene de Dios Vallejo, Rosa María Álvarez, Dolores Muñozcano, Gloria Muciño G., Ma. de Jesús López Amador, Margarita Torres Hernández, Martha Gpe. Figueroa Mier, Claudia Alonso Pesado, Héctor Vasconcelos, Alfonso Durazo, Aline Pettersson, Cristina Renaud, Eduardo Cruz Vázquez, Arturo Delgado Moya, Adalberto Santana, Gisela Ávila, Diego Velasco, Ana Laura Galeana Herrera, Laura Campos

Actualización: 2 diciembre de 2011

Boletín de Prensa en respuesta a Comunicado de Calderón


BOLETÍN DE PRENSA
2 de diciembre, 2011


  • El pasado 25 de noviembre se presentó al Fiscal de la Corte Penal Internacional un expediente que consta de 700 fojas y documenta 470 violaciones al Derecho Internacional Humanitario en México.
  • El expediente presentado por el abogado Netzaí Sandoval fue respaldado por más de 23,000 firmas de ciudadanos mexicanos (que hoy suman ya más de 27,000).
  • El expediente proporciona información sobre la comisión de "crímenes de lesa humanidad" y "crímenes de guerra" en México.
  • El documento no solamente señala a Felipe Calderón y a Joaquín "El Chapo" Guzmán como posibles responsables de estos crímenes, sino también a todos los integrantes del gabinete de seguridad a nivel federal y a todos los cárteles de la droga que operan en México.
  • Los firmantes de la petición ante la CPI rechazan categóricamente que hayan cometido violación alguna a la ley y exigen al Presidente de la República que retire formalmente el pronunciamiento que sugiere que procederá legalmente en su contra.

I. LA SOLICITUD ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL


Luego de más de ocho meses de trabajo, un grupo de veintitrés mil ciudadanos solicitamos, el 25 de noviembre, al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que pudiera analizar la situación de violencia en México e iniciar una investigación en la que se pueda determinar si se cometen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra así como la posible responsabilidad del Jefe del Ejecutivo, de los Secretarios de Defensa, Marina, Seguridad Pública, además de líderes de grupos de la delincuencia organizada.

Los crímenes de guerra en un conflicto armado -artículo 8, párrafo 2, inciso c, del Estatuto de Roma- consisten en actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades como el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ataques contra la población civil; ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios; ataques contra edificios en que se agrupa a enfermos y heridos; actos de violación y esclavitud sexual; reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o su utilización para participar activamente en hostilidades; y en el sometimiento de las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas, entre otros.

Los Crímenes de lesa humanidad - descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma- implican un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el que se somete a las personas a esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas, asesinato, violación, esclavitud sexual y prostitución forzada entre otros. En México este tipo de crímenes se cometen cotidianamente, especialmente en contra de los migrantes centroamericanos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Lo más preocupante es que la CNDH documentó desde 2009 que el Instituto Nacional de Migración participa de estas ominosas prácticas por ejemplo a través de la comercialización de personas indocumentadas. 

La petición que presentamos el 25 de noviembre no implica enjuiciar a Calderón simplemente por su errada estrategia antinarcóticos, o a los narcotraficantes por el simple hecho de vender drogas. Ésos juicios pueden y deben realizarse todavía en nuestro país. Lo que solicitamos al fiscal de la CPI es una investigación por las desapariciones forzadas, por el reclutamiento de niños menores de 15 años como sicarios, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados, por la mutilación de enemigos como forma de intimidación, por los ataques a la población civil, por el desplazamiento forzado de personas, por la violación sexual de mujeres y niñas, por los actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército, por los ataques a centros de rehabilitación de enfermos, así como por el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración.

El Jefe del Ejecutivo Federal, sus mandos civiles y militares así como los capos de la droga son responsables de estos crímenes.  Aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente, ni ordenado los graves crímenes que aquí se les imputan, son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y se ha convertido en práctica cotidiana.

Desde el 25 de mayo de 2011 se solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana, ejerciera su facultad de investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos, en relación con la guerra al narcotráfico iniciada por Felipe Calderón –antes de que esta facultad fuera transferida a la CNDH-. A la fecha, la SCJN no ha tomado ninguna determinación al respecto demostrando que no está dispuesta a deslindar responsabilidades en la crisis que vivimos.

Adicionalmente México no está en condiciones de llevar a cabo la investigación y el juicio en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes, debido a que en nuestra legislación penal no se han tipificado los crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Esto implica que en nuestro país es imposible juzgar a cualquier persona por las conductas especialmente graves que hemos señalado, porque no existe el tipo penal para sancionarlos. 

Así mismo, la falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del Ejecutivo Federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.

Ante la imposibilidad de encontrar justicia en las instancias nacionales, el 25 de noviembre de 2011 se presentó ante Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional, la solicitud formal para que inicie una investigación sobre la situación en México, con fundamento en el artículo 15 del Estatuto de Roma.

Hasta hoy, los voceros y comunicados oficiales del Gobierno Federal no han podido desmentir una sola de las afirmaciones de quienes acudimos ante la CPI. No han podido negar que en México se violan derechos humanos, que el ejército tortura, comete desaparición forzada, viola sexualmente a mujeres y niñas, asesinan civiles, que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) participan en el secuestro de migrantes o que en el 95%de los homicidios de la narcoguerra el Gobierno decidió no abrir investigaciones porque es más sencillo declarar que "se matan entre ellos".
Tampoco han podido rebatir que el narcotráfico recluta niños para convertirlos en sicarios, que cometen asesinatos y atacan hospitales y centros de rehabilitación de enfermos que agrede a la población civil, que realiza decapitaciones masivamente, y que se vale del INM para agredir a migrantes.


II. EL AMAGO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA


Después de ser presentada esta solicitud, el 27 de noviembre, la Presidencia de la República difundió un documento en el que acusa a quienes hemos promovido la acción ante la CPI de hacer "imputaciones falsas y calumniosas" en contra del Gobierno de la República. La parte final de este comunicado dice lo siguiente.

"Las imputaciones [...] constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no solamente a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales."

Frente a esta amenaza del Gobierno de la República quienes hemos promovido y presentado esta solicitud ante la CPI hacemos público lo siguiente:

Somos un grupo de ciudadanas y ciudadanos que seguimos con atención la realidad que vive el país, mantenemos una actitud crítica frente a la guerra del Presidente Calderón y constatamos los crecientes y dolorosos costos sociales y humanos que la sociedad está pagando por dicha guerra.

Recurrir a la CPI es un ejercicio de libertad de expresión, pes ante el fiscal de la CPI manifestamos nuestra visión de la situación existente en México. Vale recordar que la libertad de expresión comprende recibir y difundir información, así como investigar sobre la misma. Al Fiscal le hemos entregado información proveniente de informes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como otras provenientes directamente de las víctimas.

Somos también un grupo que exige garantía de sus derechos, particularmente del derecho de acceso a la justicia y el derecho a la verdad, los cuales son inalcanzables en nuestro país; razón por la que acudimos ante la CPI. 

Esta institución fue creada por los Estados, incluido el mexicano, bajo el principio de que en dichas instancias se pueda reclamar aquello que los Estados no garantizan y haga posible poner fin a la violencia que vivimos y mostrar que la impunidad puede combatirse.

Ejercer nuestros derechos no es un acto criminal ni tampoco una acción que calumnie, razones por las cuales rechazamos la acción intimidatoria que el Gobierno de la República ha emprendido en nuestra contra. 

En un Estado que se reivindica democrático, como se dice el nuestro, el disenso debe existir y el debate respecto de la actuación de los servidores públicos, incluido el Presidente de la República es indispensable, pues la participación en los asuntos públicos es también un derecho humano y una forma de fortalecer la democracia.

Luego de esta acción intimidatoria, hacemos responsable al Presidente Calderón e cualquier acción legal en nuestra contra, que criminalice nuestro ejercicio de derechos, y también lo responsabilizamos de cualquier acción extralegal que pueda poner en riesgo nuestra libertad e integridad.


III. IMPROCEDENTE UNA EVENTUAL DEMANDA CIVIL POR DAÑO MORAL


Por lo que respecta a una posible demanda por daño moral en contra de quienes suscribieron la comunicación de información al Fiscal, que eventualmente sea presentada tanto por el propio Presidente como por los Secretarios del Gabinete de Seguridad por una supuesta afectación a su honor, resultaría notoriamente infundada.

Para que una demanda por daño moral prospere, los funcionarios tendrían que acreditar ante los tribunales que la comunicación al Fiscal es un hecho ilícito que les causó una afectación real y personal a su honor, lo cual en el caso no sucede.

La comunicación al Fiscal no es un hecho ilícito, porque se presentó en ejercicio de un derecho humano reconocido tanto en la Constitución Federal de nuestro país, como en los diversos tratados y declaraciones internacionales de los que México es parte: la prerrogativa de acudir ante los tribunales competentes internacionales, para denunciar los delitos que atentan en contra de la Humanidad y que a la vez implican la violación grave a los derechos humanos de las víctimas.

El derecho de acudir ante los tribunales internacionales está expresamente conferido a cualquier persona en los artículos 1, 8 y 17 constitucionales y, particularmente, en el artículo 21 de la Constitución Federal, en el que se reconoce expresamente la competencia de la Corte Penal Internacional para que esta pueda investigar y sancionar los delitos de guerra y de lesa humanidad cometidos en México.

Por otro lado, la presentación de la comunicación al Fiscal se realizó en ejercicio de otro derecho fundamental: el derecho a defender los derechos humanos en México, reconocido internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las más de veintitrés mil personas que suscribieron la comunicación dirigida al Fiscal de la Corte Penal Internacional son auténticos defensores de los derechos humanos, pues en términos del artículo 1 de la Declaración Sobre los Defensores de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU, el 9 de diciembre de 1998, ejercieron colectivamente su derecho a promover y procurar la protección y a realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional e internacional, con motivo de la llamada guerra contra el narcotráfico, declarada por el Presidente Calderón al inicio de su gestión, que ha provocado más de cincuenta mil muertos en México.

Por otro lado, el contenido de la comunicación dirigida al Fiscal no son calumnias ni constituye difamación, pes dichos delitos están proscritos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por nuestra Constitución,  particularmente a partir de la reforma en materia de Derechos Humanos del 10 de junio del presente año, ya que criminalizan la libertad de expresión mediante el empleo abusivo, desproporcionado e ilícito del derecho penal, lo que resulta inaceptable en una sociedad democrática.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho en sus recientes fallos, como el de La Jornada vs. Letras Libres, siguiendo los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los discursos, debates o denuncias que tienen que ver con temas de interés público, están especialmente protegidos en un régimen democrático. Asimismo, estos tribunales han sostenido que los funcionarios deben ser especialmente tolerantes con la crítica, pues el umbral de protección de su patrimonio moral, como el derecho al honor es menor al de cualquier otra persona que no tenga responsabilidades públicas. Por ello, no obstante que a crítica les parezca de mal gusto, falsa o, inclusive, ofensiva, están obligados a tolerarla y respetarla. El debate sobre temas de interés público, han dicho los tribunales, debe ser desinhibido, intenso y desafiante.

Es notorio que el contenido de la comunicación dirigida al Fisca de la Corte Penal Internacional versa sobre hechos de enorme interés público, como lo es la guerra declarada por el Presidente Calderón en contra del rimen organizado, que en toda sociedad democrática amerita un debate franco, abierto, desinhibido y completamente desafiante.

Por tanto, no obstante que la comunicación al Fiscal puede acarrearle alguna afectación moral o legal al Presidente o a los funcionarios que integran su Gabinete de Seguridad, ésta no podría ser motivo de un hecho ilícito, que sea sancionable ni penal ni civilmente.

IV. PRÓXIMOS PASOS

Las veintitrés mil personas que promovemos la acción ante la CPI estaremos realizando las siguientes acciones:

Solicitaremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos otorgue medidas cautelares para evitar riesgos mayores y asegurar las condiciones para continuar con esta acción internacional.

Estaremos informando al Fiscal General de la CPI de estos últimos acontecimientos para que los integre como parte del acervo que sustenta nuestra petición.

En el caso de que el Gobierno de la República decida proceder legalmente en nuestra contra, nosotros haremos uso de nuestro derecho de defensa.

Invitamos a todas las víctimas de la violencia para que puedan hacer llegar al Fiscal General de la CPI la información relativa a su caso y así fortalecer la petición planteada.

martes, 29 de noviembre de 2011

El día de hoy, nos reunimos frente a las instalaciones de la PGR, en respuesta al agresivo ataque que recibimos, a través de un comunicado emitido por Felipe Calderón (el cual se encuentra disponible en este blog, en una publicación previa).

Ante la amenaza de Calderón, acudimos a presentarnos por cualquier posible denuncia en nuestra contra, producto de un acto absolutamente deleznable.

Aquí, mi participación en el evento.

Ante la PGR

domingo, 27 de noviembre de 2011

Boletín de la Presidencia de la República, contra denunciantes de DDHH

El boletín expedido en la “Residencia Oficial de los Pinos” hace unos minutos dice, en su párrafo final: “Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.”


Comparto el comunicado completo, para que puedan leerlo por ustedes mismos:





COMUNICADO SOBRE IMPUTACIONES QUE SE HAN REALIZADO

27 nov 2011 | Comunicado
IMPRIMECOMPARTE         
CGCS-196 
Residencia Oficial de Los Pinos, a 27 de noviembre  de 2011.           
El Gobierno de la República rechaza categóricamente las imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional.
México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas.
Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.
En estas acciones, las fuerzas Federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas.
En los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el Gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes.
Debe decirse, sin embargo, que ante la magnitud de la problemática generada por la acción criminal y en consideración al número de personas que han sido detenidas actuando al margen de la ley, estos casos han sido verdaderamente excepcionales. La regla observada por los agentes Federales del orden público, ha sido la de poner a disposición de la autoridad competente a los detenidos en los términos establecidos por la Constitución Mexicana. En su desempeño, la observancia de la ley ha sido claramente la regla y no la excepción. Es decir, tales violaciones, que por supuesto son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional. El Poder Judicial es el responsable de castigar estos abusos, y el Gobierno Federal ha dado y dará todo su apoyo para que los jueces cumplan con su deber.
Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un Gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas. Ese no es el caso de México que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo.
La estrategia del Gobierno Federal tiene tres componentes básicos: 1) Enfrentar y someter a los criminales; 2) reconstruir las instituciones encargadas de aplicar la ley, a través de la depuración y fortalecimiento de policías y ministerios públicos, y 3) reconstruir el tejido social a través de una sólida política de prevención.
En particular, las recientes Reformas a la Constitución en materia de Derechos Humanos, Penal, y de Amparo, y que constituyen la mayor ampliación de libertades y garantías de Derechos Humanos que se haya realizado en México en décadas, son prueba fehaciente del compromiso del Gobierno de la República con los Derechos Humanos.
Estas reformas demuestran además, que el esfuerzo del Gobierno no se limita a enfrentar y combatir a la criminalidad, sino que ha emprendido una profunda reforma legal e institucional para mejorar substancialmente a los órganos encargados de la Seguridad y la Procuración y Administración de Justicia en todo el país. Esta reforma se lleva a cabo a través de nuevas leyes y la transformación de Instituciones como la Policía Federal o la Procuraduría General de la República, así como a través del impulso permanente a las entidades federativas para que realicen la depuración y fortalecimiento de sus cuerpos policiacos, ministeriales y judiciales.
Adicionalmente, esta Administración Federal sostiene una política activa de prevención del delito, a través del mayor esfuerzo de política social que se tenga registro y que ha permitido alcanzar la cobertura universal de salud, así como la realización de la mayor obra de infraestructura de salud y educativa, a través de la construcción de hospitales, clínicas, universidades y bachilleratos públicos y gratuitos en un número sin precedentes en la historia del país.
Se complementa la política preventiva también con el mayor establecimiento de Centros Nueva Vida para prevención de adicciones, el rescate de espacios públicos, y la implementación del Programa Escuela Segura. Es decir, el Gobierno Federal trabaja para reconstruir el tejido social y generar condiciones sociales que hagan menos propicia la incorporación de jóvenes a la violencia o a las adicciones.
Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.

jueves, 29 de septiembre de 2011

Un Coro y Un Corazón

Esta columna la publiqué el mes de mayo de este año en SDP Noticias, tras haber asistido a un evento maravilloso, en donde pude constatar lo que en este texto narro. Espero que les guste.

En México, el arte y la cultura son probablemente, dos de los aspectos más desatendidos en el país y a los que, de forma urgente, se debe dar atención e importancia.


Pero no solamente es responsabilidad del gobierno la difusión de la cultura y el arte mediante políticas públicas que los impulsen, es también responsabilidad y-me atrevo a decir- obligación de todos los mexicanos, aprovechar las oportunidades que tenemos de disfrutarlos.

En este marco me permito comentarles que tuve la oportunidad de asistir a un evento que reunió personalidades del mundo del cine, el teatro, el periodismo y la política, entre otros, que se realizó en apoyo a un proyecto cinematográfico al sur de la ciudad.

He de confesar que el evento me resultó un tanto mal planeado y un poco carente de buena logística. Sí, la finalidad del mismo me parece noble, sin embargo los medios se quedaron un poco cortos.

Aún así, me permito destacar la presentación del Coral Maestoso, integrado por Alberto Arista Jalife, Andrea Miranda Castañón, Ángel Mendoza,  Ayari Lueders Monsiváis, Claudia Angélica Muñoz Gazca, Daniela Lizbeth Enríquez González, Eduardo Serna Márquez, Eliot Yael Lara Pineda,  Elisa Margarit Esqueda Fabela,  Erandy López Toledo, Erick Obed Sánchez Islas,  Estefany Sánchez Veloz,  Florinda Nicacio Casanova, Gorky O. Guido S.,  Javier Espitia, Juan Carlos Miranda Flores, Julieta Miranda Castañón, Manuel E. Rangel García, Maria Alejandra Esqueda Fabela, María del Consuelo Arroy, Melina López Cristobal, Raquel García Altamirano y Rogelio Otero González, acompañados al piano por Sara Lilia Vélez Xicoténcatl y dirigidos magistralmente por Vera Patricia Cruz Nieto, quienes, a pesar de todos los factores en contra que tenían, como una mala ubicación, la falta de audiencia que pudiera escucharlos (ya que la mayoría de los asistentes estaban dos niveles arriba) y el aroma a comida que abundaba en el lugar donde estaban, dieron muestra de lo que la calidad, el profesionalismo y el amor por el arte, pueden lograr.

Gracias a los integrantes de este coro y a sus voces que pintaban paisajes hermosos en el ambiente, se logró una de las finalidades que tiene el arte: hacer cambiar a una persona tras haber sentido, vivido y experimentado una creación artística.

Este fue el caso de Cristian, un joven de la calle que, al escuchar al coro mientras caminaba afuera del restaurante, se detuvo, se acercó a la ventana y con una mano discreta, empujó el vidrio un poco para escuchar mejor.

Entre acordes de Verdi, Puccini, canciones como Un Viejo Amor, Ojos Tapatíos y la belleza de Te Quiero, poema de Mario Benedetti, musicalizado por Alberto Favero, Cristian tuvo lo que seguramente fue su primer acercamiento a un coro de gran categoría.

Es precisamente por estas dos razones que el evento valió la pena, la primera fue haber tenido la oportunidad de escuchar un coro integrado en su mayoría por jóvenes, interpretar de manera espléndida obras de arte que han quedado guardadas en la historia de la humanidad. La segunda, fue haber conocido a Cristian, que tras una breve charla y un “me gustó mucho” que salió directo desde su corazón, se fue muy contento, caminando, nuevamente a la calle en la  que ha vivido toda su vida, a las misas cosas, a la misma rutina, pero siendo diferente. Esa noche, Cristian conoció el arte, ese arte que se crea con el esfuerzo de los mexicanos, con dedicación, con entrega, con talento y con pasión.

Así que esta columna, la dedico con todo cariño a todas aquellas personas que se dedican a crear, a difundir el arte, a enriquecer la cultura. La dedico con todo cariño al Coral Maestoso que si bien en la presentación no fue apreciado de la manera que debió serlo por los organizadores, a quienes me permito señalar apoyaron de manera totalmente gratuita, fueron grandemente apreciados por quienes pudimos escucharlos, y también la dedico a Cristian, que en algún lugar de esta ciudad, camina ahora con la música del coro, haciendo eco en su corazón.

El V Informe de Gobierno de Felipe Calderón

Audio de mi colaboración en la segunda emisión de MVS Radio con Luis Cárdenas, en donde compartí un micrófonos con Iván Benumea, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM.

En un interesante espacio donde  se pretende que los jóvenes opinemos en temas relativos a la política y la coyuntura nacional, inauguramos este tipo de participaciones hablando sobre el V Informe de Gobierno de Felipe Calderón.

Espero sus comentarios.

Zazil Carreras con Luis Cárdenas en Segunda Emisión (Dar click en donde dice Audio 2).

lunes, 27 de junio de 2011

De vírgenes y de votos

El día de ayer la siguiente imagen apareció en twitter, creando un revuelo interesantísimo, a continuación, la manzana de la discordia:



¿Y Ella por quién votaría? Es la pregunta que plantea este anuncio patrocinado por www.votocatolico.com

Como ya lo he comentado antes, la laicidad del Estado es una de las cualidades más importantes del mismo y la que le permite actuar en completa libertad sobre todo el patrimonio y los bienes del mismo. Es también el medio por el cual la libertad de credo puede ser refrendada dentro del mismo Estado y, por lo tanto, la libertad –garantía suprema que otorga la Constitución- es respetada.

Es por estas razones que el anuncio arriba mostrado, es perturbador, inquietante y francamente ofensivo para todos aquellos que defendemos el Estado laico y que detestamos los actos inconstitucionales.

Aunado a esto, me permití entrar al sitio de internet de tal grupo, y en el mismo me encontré con una serie de promocionales en contra del aborto, la homosexualidad, la eutanasia y la legalización de las drogas.

Con estos temas, Voto Católico pretende invitar a la sociedad a votar en las elecciones en Nayarit, Coahuila, Estado de México e Hidalgo, pero no por promover el voto per se, sino por buscar intereses claramente eclesiásticos, utilizando la estructura electoral del país, que ya de por sí se encuentra lo suficientemente dañada como para soportar los arribistas intentos de un grupo evidentemente radical y –repito- eclesiástico.

El voto sí es importante, es la única forma mediante la cual se puede lograr una transformación no violenta en el país, pero no solo es votar por el hecho de votar, es votar de manera informada, de manera consciente, de manera responsable. Votar porque un grupo radical de la iglesia católica sugiere que la libertad de elección de todas las personas no debe permitir ciertas decisiones, es votar por ignorancia, no por convicción.

Para ilustrar mejor lo que les digo, visiten el enlace http://www.votocatolico.com/estado-de-mexico/ en donde se hace campaña evidentemente abierta a favor del candidato del PAN no por sus propuestas políticas, sino por sus convicciones espirituales, lo cual es horroroso.

Así las cosas, yo los invito a votar en estos Estados en sus respectivas elecciones, pero no por miedo, mala información o influencias eclesiásticas, los invito a votar porque es su derecho como ciudadanos, porque nadie puede quitárselos, porque con su voto tienen que manifestar su molestia por los malos gobiernos o su aprobación por las acciones que les agraden.

Que se vote, sí, pero por educación ciudadana y convicción personal, no por influencia radical y discriminatoria de un grupo perteneciente a una iglesia que ha sido cómplice, por años, de los más atroces crímenes del país.

miércoles, 8 de junio de 2011

Crónica de una amenaza en twitter

RT @hastaelcopete: @ZazilCarreras todo mundo sabe q te estas haciendo priísta hija de la chingada cuidate, no te vaya a pasar algo.

Para quienes no están familiarizados con la red social twitter, me permito explicar lo anterior. Un RT significa "retweet", que es el hecho de reenviar un tweet publicado por otra persona. En esta red social, los nombres de los usuarios van precedidos por una @, "at", para.

Dicho lo anterior, el primer párrafo de esta nota vendría a ser como un: retweet de @hastaelcopete: (para) @ZazilCarreras: y el resto del mensaje, en este caso, amenaza.

Pues así las cosas, el día de hoy recibí esta amenaza por parte de este usuario de twitter, quien se ha caracterizado por ser bastante tibio en cuanto a su ideología política, autodenominándose anti-priístas, sin embargo, para su mala suerte, esta abojada/periodista se topó con la imágen que anexo a esta nota, en la cual se puede ver que el mismo usuario, que en diversas ocasiones acosó e insultó a muchos usuarios de la red que sí apoyan al PRI, es de hecho nada más y nada menos que un priísta de clóset, que de forma clandesitna apoya la campaña de Eruviel Ávila para gobernador del Estado de México.

Cuando publiqué la imágen, inmediatamente comenzaron las denostaciones por parte de este usuario en mi contra, las cuales terminaron en esta amenaza cobarde y que proviene directamente del anonimato, ya que ni conocemos el nombre real del usuario, ni podemos ver su rostro en el avatar de su cuenta.

Las respuestas de solidaridad no se hicieron esperar. Durante esta tarde recibí más de 100 menciones (mensajes) de apoyo por parte de varios de los tweeteros que me siguen, muchos de ellos son lectores de la columna que publico diariamente en sdpnoticias.com

Los reclamos para @hastaelcopete fueron muchos, y ante la presión que ejercimos, la cual inicié yo dando a conocer de manera pública su amenaza- terminó por ofrecer una pobre disculpa, intentando justificar su comportamiento.

Comparto con ustedes ahora un par de tweets que me enviaron algunos amigos y colegas del mundo del periodismo, al que de alguna forma entré de una manera inesperada pero que, con la actividad jurídica, ha resultado ser todo un placer.

@FedericoArreola: Todos debemos apoyar a @ZazilCarreras , cobardemente agredida por el miserable @hastaelcopete

@SanjuanaMtz: @ZazilCarreras ... Las amenazas nunca acallaran una voz valiente y comprometida como la tuya Zazil...¡No estas sola!... Tu mensaje llega.

@julioastillero: Defiendo el trabajo periodístico y el tuiteo de @ZazilCarreras y rechazo amenazas a ella como ha hecho @hastaelcopete

@martibatres: Sí, ya vi que te amenazan. Por eso, doble abrazo.

@ahelguera: @hastaelcopete Yo no amenazo mujeres, cobarde. A ver, ven a amenazarme a mí, en mi cara.

Al igual que estos periodistas destacados, moneros y políticos íntegros, seguiré diciendo la verdad en mis columnas, defendiendo mis ideales y principios y actuando de acuerdo a mis valores.

Las amenazas no tienen por qué, ni deben callar nuestras ideas y tampoco deben ser limitantes a nuestra libertad de expresión, la Constitución la garantiza, y es nuestra responsabilidad defenderla.

miércoles, 1 de junio de 2011

Cuestiones de luna

Durante las primeras horas de este día, millones de personas en el Continente Americano fuimos testigos de una maravilla de la naturaleza, un eclipse total de luna.

La reacción que hubo en Twitter, fue maravillosa. Por unas horas el usual twutteo dio paso a mensajes de calma, de alegría, a fotografías de la luna o de monumentos con el eclipse como fondo, es más, hasta los trolls se tranquilizaron mientras se perdía la silueta de la luna.

La diferencia de este fenómeno, comparado con el chupacabrísmo usual, es que la distracción que trajo a muchos, si no es que a todos los tuiteros, fue un verdadero placer que relajo los teclados de los que vimos al cielo juntos. Fue una distracción natural, y no simulada.

Este fenómeno refleja lo que la mayoría de la población necesita en nuestro país. Lo que a todos nos hace falta, sin distinciones de Estados, ideologías, religiones, orígenes étnicos y modos de vida, es paz.

La luna fue la misma para todos, a todos nos mostró lo mismo y nos dejó sin palabras. Así mismo necesita ser la justicia en nuestro país, la forma de gobierno que procure un bien común que pueda sentirse en todos los bolsillos, en todos los actos, en todo momento. Un gobierno que proteja, una sociedad que no discrimine y que juntos caminen, cada uno, cumpliendo con las obligaciones correspondientes.

Terminó el eclipse y recordamos todo, recordamos el incendio en Texmelucan, el asesinato de Marisol Escobedo y su hija y su cuñado, recordamos las amenazas de violencia, recordamos que Diego estaba libre y que al mundo le daba lo mismo, lo que no es lo mismo, porque todos lo sentimos, es que un propósito común, conducido por la vía de la paz y la serenidad, puede unir pueblos, arrasar con la apatía, puede mejorar momentos y crear caminos diferentes.

Anoche la luna, puso nuestros pies sobre la tierra. La lucha por mejorar el país sigue, con ánimos renovados, porque así como la luna dejo el rojo atrás, también lo hará México, si todos trabajamos para lograrlo.

"Nosotros" no somos "Ustedes"

“Pero ¿este gobierno mafioso es el único viable en nuestro país? Sabemos que no, otro México es posible y lo tenemos que construir Nosotros los de abajo, desde las organizaciones obreras, campesinas, ecologistas, de colonos, de víctimas de la delincuencia y crímenes del ejército y policías. Nos toca a nosotros, al pueblo mexicano organizado de diferentes formas y recurriendo a todos los medios, armados y no armados, ir construyendo con nuestra rebeldía organizada, un nuevo México en el que todos podamos ser y vivir con dignidad.”

Este párrafo es uno de los pertenecientes a la primera parte de  un comunicado que ha circulado a través de internet, de la autoría de un grupo que se ha autodenominado “Los ex desaparecedores” o, como firman al final del comunicado -de tres partes- “Red por la Transformación Global”.

En esta misma primer parte, otro párrafo cita: “El ejercicio de la violencia es para Nosotros un recurso ineludible…”

En una forma narrativa bastante coherente, con una ortografía impecable, con fluidez de ideas y con un evidente conocimiento por parte de los autores, tenemos tres epístolas que se dedican a explicar la diferencia entre “Ellos”, los poderosos influyentes y “Nosotros”, todos aquellos que no pertenecemos a algún grupo de élite.

Con argumentos convincentes y persuasivos que apelan a lo que vivimos los mexicanos día a día, como lo es la pobreza, la discriminación, etc., entablan un diálogo que puede resumirse en lo siguiente: la transformación del país se va a llevar a cabo por todos los medios necesarios, incluida la violencia.
En la segunda parte, podemos encontrar un detallado informe de personajes que -ya sabemos- han obtenido su riqueza a través de lucrar a expensas del pueblo, así como el siguiente párrafo:

“…el crimen es su práctica y el cinismo su estampa. Nosotros, construyendo poder popular, nuevas formas de justicia y sanciones podremos mostrar que nadie, ni siquiera Ellos permanecerán impunes.” ¿Entendemos por esta frase, que en lo personal como abogada encuentro totalmente amenazante, que pretenden derrocar también los poderes del Estado, para gobernar, legislar e impartir justicia? ¿No es el secuestro un crimen, y su justificación un cinismo?

La tercer parte contiene, como la segunda, un sumario de todos los actos de injusticia cometidos por Diego Fernández de Cevallos, así como un ejemplo clarísimo de lo que este grupo, que hasta el momento permanece en el anonimato, busca: generar un cambio a costa de lo que sea y no justificando la violencia, sino por medio de la violencia, y lo que a ella quiera justificar.

“Tomarlo prisionero, exhibirlo y obligarlo a devolver una milésima de lo robado constituyó además un golpe político a la plutocracia y a sus instituciones; una demostración de la voluntad de lucha y de la capacidad operativa de los “descalzonados”, como él nos denomina; una demostración de que nadie, por poderoso que sea, puede ser intocable; una demostración de que con unidad de acción se puede doblegar la voluntad del enemigo y combatir la impunidad.”

“Como parte del pueblo organizado decidimos realizar una tarea, la responsabilidad es nuestra. Creemos firmemente que reapropiarse del uso constructivo de la violencia es legítimo y hemos actuado en consecuencia.”

Esta frase, una de las últimas del comunicado, es la que considero más peligrosa porque es la que a través del uso de palabras suaves y conmovedoras pretende engañar a la gente para que crea que, la violencia es legítima.

La violencia, históricamente, ha demostrado que crea más problemas sociales que los que resuelve. Ha demostrado que es un medio para llegar a los fines, sí, pero solo de aquellos que dirigen esos actos de violencia porque ellos mismos buscan un fin personal, no un fin común. Lo que se gana con la violencia, no puede ser mantenido de forma pacífica, lo que se gana por medio de la violencia, nunca ha sido, ni es, ni será legítimo.

Este comunicado, que seguramente llegara a muchos ojos, ya que ese es uno de los fines que persigue su difusión en internet, no tiene otra meta que lograr convencer a las personas de que la situación del país es tan crítica que la violencia es la única forma de salir adelante.

Mencionan que a Diego Fernández de Ceballos lo obligaron a devolver una milésima de lo robado. ¿Devolverlo a quién? ¿A beneficio de quién? ¿Al amparo qué institución y con qué testigos? ¿Cómo fue devuelto ese dinero? ¿A quién se le entregó? ¿Cómo se eligió a la persona o personas a quienes se les entregó? ¿Por qué ahí no fuimos todos “Nosotros” y nos repartieron parte de lo que obtuvieron?

Esas preguntas son solo unas de aquellas que podrían formularse a un grupo que quiere revestir de dignidad la venganza y disfrazar a la impunidad con las vestimentas del interés popular.

Pretenden convencernos de pertenecer a una totalidad que busca el cambio del país a través de secuestros o todo lo que la violencia puede generar. Un grupo que justificará cualquier tipo de abuso, con tal de lograr el objetivo que tienen. No nos confundamos, ese “Nosotros” que emplean, no es más que otra forma de decir que forman parte de “Ellos”, los que tanto desprecian, porque buscan lo mismo: dañar al país.

La única forma mediante la cual se puede sacar a México adelante, es por medio de la paz. El anonimato no es más que la cobardía resguardada en el silencio y lo que se logre por la violencia, jamás va a poder alcanzar el objetivo que los verdaderos “Nosotros”, los mexicanos trabajadores, honestos, unidos, que transitamos por la vía de lo legal queremos: un país equitativo y donde podamos vivir en paz. ¿No ha sido ya suficiente violencia? 

Marisela Escobedo Ortíz

El pasado jueves, 16 de diciembre de 2010, un grupo de hombres llegó a la plaza principal de Chihuahua, y se acercó a Marisela Escobedo Ortíz, quien desde hacía ocho días, se manifestaba pacíficamente, exigiendo la actuación de las autoridades para detener al asesino de su hija Rubí. Al verlos llegar, ella corrió hacia el Palacio de Gobierno, buscando obtener refugio sin embargo, uno de estos hombres la alcanzó, y la asesinó.

Esta historia tan indignante, podría sumarse a una larga lista de mujeres que han sido asesinadas, sin embargo, cuenta con particularidades que la hacen diferente, completamente distinta porque en ella misma no solo encierra la tragedia de una familia, dos veces, sino que pone de manifiesto la completa decadencia del sistema penal actual, así como la corrupción, falta de ética y profesionalismo del sistema judicial mexicano.

A pesar de que Sergio Rafael Barraza Bocanegra confesó haber asesinado a la joven hace dos años en Ciudad Juárez y que fue él mismo el que llevo a varios agentes policiacos al lugar en donde prendió fuego al cuerpo, los jueces decidieron ponerlo en libertad, considerando que tales declaraciones carecían de validez probatoria.

Es a partir de este momento que Marisela Se convirtió en una importante activista, impulsada por un solo deseo, otorgar justicia a su hija, logrando que su asesino cumpliera la condena correspondiente.

La sentencia absolutoria fue apelada y, en esta ocasión, el tribunal que conoció del asunto lo consideró culpable y lo sentenció, pero en ese momento ya se encontraba prófugo.

Eso no fue un obstáculo para Marisela. Con recursos propios y realizando una investigación por su cuenta, logró ubicar a Barraza en Fresnillo, Zacatecas pero al no recibir apoyo de las autoridades, de nuevo escapó.
Hoy, como casi siempre, una vez ahogado el niño, se tapa el pozo. El presidente del Poder Judicial de Chihuahua, Javier Ramírez Benítez, informó que el pleno del Tribunal de Justicia del Estado decidió suspender de sus funciones a los tres jueces del tribunal oral de Ciudad Juárez, que absolvieron en primer instancia a Barraza Bocanegra, los nombres de tan prodigiosos entes jurídicos son Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Baudib Jurado.

¡Hasta hoy!, dos años después de la muerte de Rubí Marisol y un día después de que su madre también fuera asesinada, buscando la justicia que esos tres personajes no quisieron otorgar. Hasta hoy que la mirada de miles de mexicanos recae sobre las autoridades del Estado que simplemente, por no querer, no han hecho lo que deben, y como este, seguramente ha habido muchos casos de parcialidad judicial.

En repudio al asesinato de Marisela, el día de ayer, se llevó a cabo una manifestación con doble recorrido, el primero, a las puertas de la Secretaría de Gobernación, donde los manifestantes fueron recibidos por PFP rodeando las instalaciones. Ante la falta de diálogo, se trasladaron a la PGR y tras el intento de represión por la misma agrupación y tras la resistencia de los manifestantes, se logró un acuerdo basado en tres peticiones:

1.       Se solicitó una reunión en la que estuvieran presentes el procurador general de la República, el secretario de gobernación, las fiscalías especializadas, el gobernador de Chihuahua y el presidente municipal de Ciudad Juárez.

2.       Que esta reunión se lleve a cabo en un plazo no mayor a 21 días.

3.       Que el día lunes 20 de diciembre, se dé respuesta a estas peticiones, fijando día, lugar y hora de la reunión.

Es muy, muy probable que estas peticiones no se cumplan al 100%, es muy probable que se tenga que tomar otras medidas, es muy probable que López Dóriga, Loret de Mola y demás personajes intenten diluir estas peticiones mezclándolas con turbias y vanas noticias, como siempre lo hacen pero este es, me parece, un punto de referencia que tenemos que tomar como sociedad para que finalmente decidamos exigir que en Chihuahua y en todo el país, se otorgue la justicia que los mexicanos merecemos. Marisela inició la lucha, y es responsabilidad de todos nosotros continuarla.