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miércoles, 6 de abril de 2011

Iniciativa Selecta

Columna publicada en www.sdpnoticias.com el 26 de octubre de 2010 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió hace unos días resoluciones relativas a la violación sexual y tortura a la que fueron sometidas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de miembros del ejército mexicano.

En una actitud mezquina del gobierno panista, se ha decidido enviar al Poder Legislativo, una iniciativa de reforma del Código de Justicia Militar que está más que acordada con los altos mandos militares y, sobre todo, con sus procuradores y jueces, de manera que podríamos llegar a suponer que fueron los mismos militares quienes decidieron a qué recomendaciones de la Corte se podía acceder y a cuáles no.

Así es, la magnificencia del Derecho Internacional no vale nada para nuestros gobernantes federales y tampoco para los abogados militares, aún cuando nuestro país no puede ser ajeno al régimen jurídico internacional en materia de derechos humanos, al que está sujeto vía tratados internacionales.

En sus resoluciones, la CIDH exige al gobierno mexicano que promueva ante el Legislativo la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar, para que todos los delitos del orden civil que cometan los militares en sus operativos, sean juzgados por los jueces naturales (civiles), y dejen de ser juzgados por los tribunales militares, ya que el ejército, al ser juez y parte, deja en la impunidad a muchos, mal juzgados a otros y mal penalizados a la mayoría. Calderón decidió simplemente que ese resolutivo no lo obligaba a nada, aún en contra de varias voces de la Corte del país y el Legislativo.

Del extenso catálogo que la CIDH presentó en cuanto a las violaciones de los derechos fundamentales de las víctimas, Calderón Hinojosa escogió los rubros que aceptaba y excluyó a todos los demás de su iniciativa. Sólo aceptó tres: desaparición forzada de personas, tortura y violación (“exclusivamente” dice el texto). Las ejecuciones extrajudiciales, los malos tratos, las detenciones arbitrarias e incluso el genocidio que señaló la Corte, quedaron fuera y seguirán rigiéndose por el artículo 57, es decir, como “faltas a la disciplina militar”.

Pero no solo eso, el Gral. Guillermo Galván Galván, que es un profesional de la carrera militar, hizo llegar al Congreso un documento en el que hace propuestas de modificación a 22 de los artículos de la ya de por sí incompleta iniciativa, planteando una aberración: que la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado no sea “en auxilio de las autoridades civiles”, sino “como coordinadores responsables” de los operativos.

La Constitución establece claramente las funciones que tienen las fuerzas armadas: defender al país de agresiones exteriores o amenazas a la paz interior o en auxilio a las autoridades civiles en casos de desastre, pero todo en estricta dependencia del Ejecutivo y sujetas siempre a lo que dispone la Carta Magna.

El ejército no tiene intereses exclusivos, este tipo de atribuciones sólo pertenecen a los ejércitos de mala calaña que han sido tradicionales en América Latina y que, en México, se destruyeron con la Revolución, sería muy conveniente que el General y sus asesores legales, lo recordaran.

¿Hasta cuándo se van a dejar en el olvido los derechos fundamentales de los mexicanos?

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