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jueves, 7 de abril de 2011

Llamas, nuevamente

Columna publicada en www.sdpnoticias.com el 11 de noviembre de 2010



Otra prueba de fuego para el gobierno federal, literalmente. El día de ayer seis empleadas de la tienda departamental Coppel ubicada en la calle de Miguel Hidalgo, a dos calles de la Presidencia Municipal en el centro de Culiacán, Sinaloa, fallecieron en un incendio del cual no pudieron escapar.

Las víctimas: Carmen Selene Moreno, de 36 años; Ariana López Soto, de 26 años;  Verónica Picos Bastidas, de 22 años; Claudia Janeth Hernán Delgado, de 25 años; Perla Zapata, de 25 años y Rosa Imelda Celis, de 28 años.

Pero como si esto no fuera suficiente tragedia, como en toda historia creada con la irresponsabilidad como protagonista, tenemos que agregar otro factor: la avaricia económica.

Es muy probable que la vida de estas jóvenes mujeres se hubiese salvado, de no ser por la inhumana actitud de los dueños de la tienda, quienes para “evitar robos” durante el inventario de mercancías, dieron la orden de encerrar al personal, con la intención de abrir al día siguiente, como lo hacen en muchas de las tiendas de esta cadena que se distribuye a nivel nacional.

Finalmente se comprueba que las tiendas departamentales Coppel, efectivamente se dedica al comercio, lamentablemente en este caso, comerciaron vidas humanas a cambio de bienes materiales, que finalmente acabaron perdidos entre las llamas, al igual que estas seis mujeres.

Adán Sinagawa, comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos, fue muy claro cuando señaló que la única salida de emergencia del lugar se encontraba cerrada con varios candados. Por su parte, el subprocurador de justicia del Estado, Martín Robles Armenta, corroboró que los indicios y testimonios recolectados demuestran que es verdad que los accesos se encontraban cerrados con cortinas metálicas y candados.

¿Quién dio la orden de cerrar las cortinas? ¿Quién obliga a trabajar a los empleados encerrados y en jornadas de toda una noche sin las condiciones mínimas de seguridad necesarias para ello? ¿En cuántas tiendas de esta cadena se realiza la misma operación? ¿Cuántos accidentes “menores” se han presentado durante los inventarios de encierro? ¿Cuánto se les paga a los empleados que participan en estas actividades? ¿Se respetan sus derechos laborales?

Este hecho pone en evidencia la falta de responsabilidad de los servidores públicos del Estado y nuevamente, del gobierno federal, ya que esta situación no solo se presenta en Sinaloa, sino en otros Estados del País pero, aunque duela reconocerlo, también pone en evidencia a todos y cada uno de los que, a sabiendas de las condiciones inhumanas en las que trabajaban estas empleadas, han guardado silencio.

Nuevamente han muerto personas inocentes en un incendio, causado por la negligencia de alguien en cumplir con sus responsabilidades y motivado por intereses económicos que siempre se han puesto por encima de la vida de los mexicanos. Esperemos que a diferencia del caso ABC, en este sí se imparta justicia.

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