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viernes, 2 de diciembre de 2011

Boletín de Prensa en respuesta a Comunicado de Calderón


BOLETÍN DE PRENSA
2 de diciembre, 2011


  • El pasado 25 de noviembre se presentó al Fiscal de la Corte Penal Internacional un expediente que consta de 700 fojas y documenta 470 violaciones al Derecho Internacional Humanitario en México.
  • El expediente presentado por el abogado Netzaí Sandoval fue respaldado por más de 23,000 firmas de ciudadanos mexicanos (que hoy suman ya más de 27,000).
  • El expediente proporciona información sobre la comisión de "crímenes de lesa humanidad" y "crímenes de guerra" en México.
  • El documento no solamente señala a Felipe Calderón y a Joaquín "El Chapo" Guzmán como posibles responsables de estos crímenes, sino también a todos los integrantes del gabinete de seguridad a nivel federal y a todos los cárteles de la droga que operan en México.
  • Los firmantes de la petición ante la CPI rechazan categóricamente que hayan cometido violación alguna a la ley y exigen al Presidente de la República que retire formalmente el pronunciamiento que sugiere que procederá legalmente en su contra.

I. LA SOLICITUD ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL


Luego de más de ocho meses de trabajo, un grupo de veintitrés mil ciudadanos solicitamos, el 25 de noviembre, al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que pudiera analizar la situación de violencia en México e iniciar una investigación en la que se pueda determinar si se cometen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra así como la posible responsabilidad del Jefe del Ejecutivo, de los Secretarios de Defensa, Marina, Seguridad Pública, además de líderes de grupos de la delincuencia organizada.

Los crímenes de guerra en un conflicto armado -artículo 8, párrafo 2, inciso c, del Estatuto de Roma- consisten en actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades como el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ataques contra la población civil; ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios; ataques contra edificios en que se agrupa a enfermos y heridos; actos de violación y esclavitud sexual; reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o su utilización para participar activamente en hostilidades; y en el sometimiento de las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas, entre otros.

Los Crímenes de lesa humanidad - descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma- implican un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el que se somete a las personas a esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas, asesinato, violación, esclavitud sexual y prostitución forzada entre otros. En México este tipo de crímenes se cometen cotidianamente, especialmente en contra de los migrantes centroamericanos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Lo más preocupante es que la CNDH documentó desde 2009 que el Instituto Nacional de Migración participa de estas ominosas prácticas por ejemplo a través de la comercialización de personas indocumentadas. 

La petición que presentamos el 25 de noviembre no implica enjuiciar a Calderón simplemente por su errada estrategia antinarcóticos, o a los narcotraficantes por el simple hecho de vender drogas. Ésos juicios pueden y deben realizarse todavía en nuestro país. Lo que solicitamos al fiscal de la CPI es una investigación por las desapariciones forzadas, por el reclutamiento de niños menores de 15 años como sicarios, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados, por la mutilación de enemigos como forma de intimidación, por los ataques a la población civil, por el desplazamiento forzado de personas, por la violación sexual de mujeres y niñas, por los actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército, por los ataques a centros de rehabilitación de enfermos, así como por el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración.

El Jefe del Ejecutivo Federal, sus mandos civiles y militares así como los capos de la droga son responsables de estos crímenes.  Aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente, ni ordenado los graves crímenes que aquí se les imputan, son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y se ha convertido en práctica cotidiana.

Desde el 25 de mayo de 2011 se solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana, ejerciera su facultad de investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos, en relación con la guerra al narcotráfico iniciada por Felipe Calderón –antes de que esta facultad fuera transferida a la CNDH-. A la fecha, la SCJN no ha tomado ninguna determinación al respecto demostrando que no está dispuesta a deslindar responsabilidades en la crisis que vivimos.

Adicionalmente México no está en condiciones de llevar a cabo la investigación y el juicio en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes, debido a que en nuestra legislación penal no se han tipificado los crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Esto implica que en nuestro país es imposible juzgar a cualquier persona por las conductas especialmente graves que hemos señalado, porque no existe el tipo penal para sancionarlos. 

Así mismo, la falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del Ejecutivo Federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.

Ante la imposibilidad de encontrar justicia en las instancias nacionales, el 25 de noviembre de 2011 se presentó ante Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional, la solicitud formal para que inicie una investigación sobre la situación en México, con fundamento en el artículo 15 del Estatuto de Roma.

Hasta hoy, los voceros y comunicados oficiales del Gobierno Federal no han podido desmentir una sola de las afirmaciones de quienes acudimos ante la CPI. No han podido negar que en México se violan derechos humanos, que el ejército tortura, comete desaparición forzada, viola sexualmente a mujeres y niñas, asesinan civiles, que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) participan en el secuestro de migrantes o que en el 95%de los homicidios de la narcoguerra el Gobierno decidió no abrir investigaciones porque es más sencillo declarar que "se matan entre ellos".
Tampoco han podido rebatir que el narcotráfico recluta niños para convertirlos en sicarios, que cometen asesinatos y atacan hospitales y centros de rehabilitación de enfermos que agrede a la población civil, que realiza decapitaciones masivamente, y que se vale del INM para agredir a migrantes.


II. EL AMAGO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA


Después de ser presentada esta solicitud, el 27 de noviembre, la Presidencia de la República difundió un documento en el que acusa a quienes hemos promovido la acción ante la CPI de hacer "imputaciones falsas y calumniosas" en contra del Gobierno de la República. La parte final de este comunicado dice lo siguiente.

"Las imputaciones [...] constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no solamente a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales."

Frente a esta amenaza del Gobierno de la República quienes hemos promovido y presentado esta solicitud ante la CPI hacemos público lo siguiente:

Somos un grupo de ciudadanas y ciudadanos que seguimos con atención la realidad que vive el país, mantenemos una actitud crítica frente a la guerra del Presidente Calderón y constatamos los crecientes y dolorosos costos sociales y humanos que la sociedad está pagando por dicha guerra.

Recurrir a la CPI es un ejercicio de libertad de expresión, pes ante el fiscal de la CPI manifestamos nuestra visión de la situación existente en México. Vale recordar que la libertad de expresión comprende recibir y difundir información, así como investigar sobre la misma. Al Fiscal le hemos entregado información proveniente de informes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como otras provenientes directamente de las víctimas.

Somos también un grupo que exige garantía de sus derechos, particularmente del derecho de acceso a la justicia y el derecho a la verdad, los cuales son inalcanzables en nuestro país; razón por la que acudimos ante la CPI. 

Esta institución fue creada por los Estados, incluido el mexicano, bajo el principio de que en dichas instancias se pueda reclamar aquello que los Estados no garantizan y haga posible poner fin a la violencia que vivimos y mostrar que la impunidad puede combatirse.

Ejercer nuestros derechos no es un acto criminal ni tampoco una acción que calumnie, razones por las cuales rechazamos la acción intimidatoria que el Gobierno de la República ha emprendido en nuestra contra. 

En un Estado que se reivindica democrático, como se dice el nuestro, el disenso debe existir y el debate respecto de la actuación de los servidores públicos, incluido el Presidente de la República es indispensable, pues la participación en los asuntos públicos es también un derecho humano y una forma de fortalecer la democracia.

Luego de esta acción intimidatoria, hacemos responsable al Presidente Calderón e cualquier acción legal en nuestra contra, que criminalice nuestro ejercicio de derechos, y también lo responsabilizamos de cualquier acción extralegal que pueda poner en riesgo nuestra libertad e integridad.


III. IMPROCEDENTE UNA EVENTUAL DEMANDA CIVIL POR DAÑO MORAL


Por lo que respecta a una posible demanda por daño moral en contra de quienes suscribieron la comunicación de información al Fiscal, que eventualmente sea presentada tanto por el propio Presidente como por los Secretarios del Gabinete de Seguridad por una supuesta afectación a su honor, resultaría notoriamente infundada.

Para que una demanda por daño moral prospere, los funcionarios tendrían que acreditar ante los tribunales que la comunicación al Fiscal es un hecho ilícito que les causó una afectación real y personal a su honor, lo cual en el caso no sucede.

La comunicación al Fiscal no es un hecho ilícito, porque se presentó en ejercicio de un derecho humano reconocido tanto en la Constitución Federal de nuestro país, como en los diversos tratados y declaraciones internacionales de los que México es parte: la prerrogativa de acudir ante los tribunales competentes internacionales, para denunciar los delitos que atentan en contra de la Humanidad y que a la vez implican la violación grave a los derechos humanos de las víctimas.

El derecho de acudir ante los tribunales internacionales está expresamente conferido a cualquier persona en los artículos 1, 8 y 17 constitucionales y, particularmente, en el artículo 21 de la Constitución Federal, en el que se reconoce expresamente la competencia de la Corte Penal Internacional para que esta pueda investigar y sancionar los delitos de guerra y de lesa humanidad cometidos en México.

Por otro lado, la presentación de la comunicación al Fiscal se realizó en ejercicio de otro derecho fundamental: el derecho a defender los derechos humanos en México, reconocido internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las más de veintitrés mil personas que suscribieron la comunicación dirigida al Fiscal de la Corte Penal Internacional son auténticos defensores de los derechos humanos, pues en términos del artículo 1 de la Declaración Sobre los Defensores de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU, el 9 de diciembre de 1998, ejercieron colectivamente su derecho a promover y procurar la protección y a realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional e internacional, con motivo de la llamada guerra contra el narcotráfico, declarada por el Presidente Calderón al inicio de su gestión, que ha provocado más de cincuenta mil muertos en México.

Por otro lado, el contenido de la comunicación dirigida al Fiscal no son calumnias ni constituye difamación, pes dichos delitos están proscritos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por nuestra Constitución,  particularmente a partir de la reforma en materia de Derechos Humanos del 10 de junio del presente año, ya que criminalizan la libertad de expresión mediante el empleo abusivo, desproporcionado e ilícito del derecho penal, lo que resulta inaceptable en una sociedad democrática.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho en sus recientes fallos, como el de La Jornada vs. Letras Libres, siguiendo los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los discursos, debates o denuncias que tienen que ver con temas de interés público, están especialmente protegidos en un régimen democrático. Asimismo, estos tribunales han sostenido que los funcionarios deben ser especialmente tolerantes con la crítica, pues el umbral de protección de su patrimonio moral, como el derecho al honor es menor al de cualquier otra persona que no tenga responsabilidades públicas. Por ello, no obstante que a crítica les parezca de mal gusto, falsa o, inclusive, ofensiva, están obligados a tolerarla y respetarla. El debate sobre temas de interés público, han dicho los tribunales, debe ser desinhibido, intenso y desafiante.

Es notorio que el contenido de la comunicación dirigida al Fisca de la Corte Penal Internacional versa sobre hechos de enorme interés público, como lo es la guerra declarada por el Presidente Calderón en contra del rimen organizado, que en toda sociedad democrática amerita un debate franco, abierto, desinhibido y completamente desafiante.

Por tanto, no obstante que la comunicación al Fiscal puede acarrearle alguna afectación moral o legal al Presidente o a los funcionarios que integran su Gabinete de Seguridad, ésta no podría ser motivo de un hecho ilícito, que sea sancionable ni penal ni civilmente.

IV. PRÓXIMOS PASOS

Las veintitrés mil personas que promovemos la acción ante la CPI estaremos realizando las siguientes acciones:

Solicitaremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos otorgue medidas cautelares para evitar riesgos mayores y asegurar las condiciones para continuar con esta acción internacional.

Estaremos informando al Fiscal General de la CPI de estos últimos acontecimientos para que los integre como parte del acervo que sustenta nuestra petición.

En el caso de que el Gobierno de la República decida proceder legalmente en nuestra contra, nosotros haremos uso de nuestro derecho de defensa.

Invitamos a todas las víctimas de la violencia para que puedan hacer llegar al Fiscal General de la CPI la información relativa a su caso y así fortalecer la petición planteada.

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